La situación actual de país es crítica.
Las instituciones que debieran encargarse del “Check and Balance” del que hacer del Estado están bajo asecho. Cada día están perdiendo relevancia ante el
debilitamiento de su autoridad y sus resoluciones o sentencias. Para las altas
autoridades de la SAT pareciera que creen que están arriba de la ley, hasta se
dan el lujo de ignorar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la
cual fue declarada como simulación jurídica, usurpación de funciones y abuso de
autoridad por parte de la SAT la autorización del Deposito Aduanero de La
Riviera a operar como Tienda Libre. En
respuesta la SAT hizo caso omiso de la sentencia .
Ahora en un tema relacionado en donde el
PDH condena a la SAT por violación al Derecho Humano de acceso a la
información, en un caso relacionado al anterior, la SAT y sus respectivas
autoridades se niegan a identificar lo solicitado de una forma clara y
sencilla.
En una resolución del 2008, del entonces
Superintendente de Administración Tributaria,
Rudy Villeda, este instruye a la Intendencia de Aduanas para que emita
reglamentación interna para que el permita al Deposito Aduanero operar como
Tienda Libre. Desde el 11 de marzo del 2011 se ha solicitado en varias ocasiones a la SAT que
identifique dicha reglamentación interna. Al principio, mintiendo
descaradamente, señalaron que la
reglamentación interna eran unos procedimientos de aplicación general. Se
interpuso un recurso de revisión que fue declarado SIN LUGAR por el propio Rudy
Villeda y su secretario.
Después conocimos la verdad por
información proporcionada por ex trabajadores de la SAT y a pesar de tener
información cruzada que permite identificar claramente cual es la
reglamentación interna, la SAT simplemente se ha negado a identificarla.
La razones sobran, esa reglamentación
interna contiene tal cantidad de ilegalidades que prácticamente es un cheque en
blanco para que se configure un caso típico de Defraudación Aduanera, en donde
las más altas autoridades de la SAT son claros autores intelectuales y
cómplices de dicha operación.
Sorprende sobre manera que a pesar de la
evidencia: dos sentencias claras, una declaración de violación de derechos
humanos, aquí la impunidad no tiene limite. Ni el MP, ni la CICIG le entra al
caso, a pesar que Iván iba a entrale al contrabando, la corrupción y la
impunidad. A la SAT no hay quien le
ponga límites.
Eso hasta que la valiente resolución del Procurador de lo Derechos Humanos les dijo
hasta aquí. Pero la SAT como es su costumbre hace la de los tres monos sabios,
cuando lo conviene, “no miro, no oigo, no
hablo”. Mejor dicho se hace la vil
babosa y le responde al PDH como Cantinflas, cuando se niega a identificar cual es la
reglamentación interna a la que ser refiere la Resolución dictada por Rudy.
Realmente la respuesta de la SAT al PDH
no es más que un insulto, sobre una picardía, una sin vergüenzada. Y las
preguntas son ¿El PDH se va dejar que le vean la cara?, no creo, ¿Hasta cuándo
Guatemala, hasta cuándo? Las elecciones
de las más altas autoridades judiciales parece ser el tiro de gracia a la
impunidad absoluta en el país, sin que el ciudadano, pueda hacer algo al
respecto.
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