¿MARCAS COMPLICES?

El día de hoy salí del país a la graduación de mi hijo, quien estudia en el extranjero y a pesar de se padre de familia de dos preciosos niños y trabajar arduamente a tiempo completo, logro ser reconocido por el rector de la universidad por mantener uno de lo mejores promedios de esa casa de estudio, realmente un orgullo para la familia.

Este viaje me obliga a pasar, como todos los usuarios del aeropuerto, frente a las tiendas mal llamadas, en Guatemala, duty free de “La Riviera”. Pero en esta ocasión mi vista se detuvo sobre las marcas son vendidas en contrabando aduanero, sin que muchos se percaten o les importe; y me salto la pregunta ¿Sabrán las prestigiosas marcas que sus productos están siendo ofertados sobre una plataforma comercial ilegal? ¿Serán inconscientes o cómplices de lo que pasa en Aeropuerto de Guatemala?

Estas preguntas saltan como anuncios de neón en mi cerebro. Creo que el detonante fueron las palabras que el Presidente de la Corte de Constitucionalidad  manifestó en una entrevista en un matutino la semana pasada refiriéndose a una sentencia de la CC sobre el proceso de las comisiones de postulación en donde manifestó: “A mí me ha causado sorpresa escuchar y leer aparentes declaraciones… en el sentido de que de esa sentencia solo van a cumplir la literalidad de la parte resolutiva. Digo esto, porque todos los profesionales del Derecho sabemos que una sentencia se debe interpretar en forma integral y que la parte considerativa es la base fundamental de un fallo…”

Eso quiere decir que no estoy loco. Una sentencia de la CC de hace más de dos años indico sobre los Depósitos Aduaneros que operan como Tiendas Libres autorizados por la SAT, ósea los de “La Riviera” que: “En el caso concreto, la disposición emanada por la Superintendencia de Administración Tributaria carece de seguridad y certeza jurídicas, ya que al efectuarse una homologación entre las funciones de las tiendas libres o duty free con las de un depósito aduanero, se pretende exonerar a estos últimos de la afectación del pago de impuestos, lo cual deviene inconstitucional... Estima que la disposición impugnada menoscaba los artículos 5, 152, 154 y 155 constitucionales debido a no se encuentra basada en ley ” continua afirmando “el equiparar la calidad de estas Tiendas Libres con aquellos depósitos aduaneros, constituye una simulación jurídica, cuya finalidad es exonerar de impuesto a Sociedades Anónimas.”

Pero la SAT solo cumplió la literalidad de la parte resolutiva, le cambio el numero a un procedimiento y listo. La Rivera ha podido seguir simulando una operación de Duty Free cuando no hay tales, bajo la complicidad de la SAT.  A esto ni el MP, CICIG o OJ le han querido entrar y esto en grave perjuicio de asociaciones de beneficencia.

Al final la pregunta persiste  ¿Será que las empresas de licores, perfumes, maquillajes, joyas y demás que vende La Riviera no sabrán que sus marcas están siendo comercializadas bajo una plataforma ilegal? Ser participe de este comercio negro puede causar un serio daño a su imagen aquí e internacionalmente.

LA SAT INSULTA AL PDH

La situación actual de país es crítica. Las instituciones que debieran encargarse del “Check and Balance” del que hacer del Estado están bajo asecho.  Cada día están perdiendo relevancia ante el debilitamiento de su autoridad y sus resoluciones o sentencias. Para las altas autoridades de la SAT pareciera que creen que están arriba de la ley, hasta se dan el lujo de ignorar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la cual fue declarada como simulación jurídica, usurpación de funciones y abuso de autoridad por parte de la SAT la autorización del Deposito Aduanero de La Riviera a operar como Tienda Libre.  En respuesta la SAT hizo caso omiso de la sentencia .

Ahora en un tema relacionado en donde el PDH condena a la SAT por violación al Derecho Humano de acceso a la información, en un caso relacionado al anterior, la SAT y sus respectivas autoridades se niegan a identificar lo solicitado de una forma clara y sencilla.

En una resolución del 2008, del entonces Superintendente de Administración Tributaria,  Rudy Villeda, este instruye a la Intendencia de Aduanas para que emita reglamentación interna para que el permita al Deposito Aduanero operar como Tienda Libre. Desde el 11 de marzo del 2011 se  ha solicitado en varias ocasiones a la SAT que identifique dicha reglamentación interna. Al principio, mintiendo descaradamente,  señalaron que la reglamentación interna eran unos procedimientos de aplicación general. Se interpuso un recurso de revisión que fue declarado SIN LUGAR por el propio Rudy Villeda y su secretario.

Después conocimos la verdad por información proporcionada por ex trabajadores de la SAT y a pesar de tener información cruzada que permite identificar claramente cual es la reglamentación interna, la SAT simplemente se ha negado a identificarla.

La razones sobran, esa reglamentación interna contiene tal cantidad de ilegalidades que prácticamente es un cheque en blanco para que se configure un caso típico de Defraudación Aduanera, en donde las más altas autoridades de la SAT son claros autores intelectuales y cómplices de dicha operación.

Sorprende sobre manera que a pesar de la evidencia: dos sentencias claras, una declaración de violación de derechos humanos, aquí la impunidad no tiene limite. Ni el MP, ni la CICIG le entra al caso, a pesar que Iván iba a entrale al contrabando, la corrupción y la impunidad.  A la SAT no hay quien le ponga límites.

Eso hasta que la valiente resolución del  Procurador de lo Derechos Humanos les dijo hasta aquí. Pero la SAT como es su costumbre hace la de los tres monos sabios, cuando lo conviene,  “no miro, no oigo, no hablo”.  Mejor dicho se hace la vil babosa y le responde al PDH como Cantinflas,  cuando se niega a identificar cual es la reglamentación interna a la que ser refiere la Resolución dictada por  Rudy.

Realmente la respuesta de la SAT al PDH no es más que un insulto, sobre una picardía, una sin vergüenzada. Y las preguntas son ¿El PDH se va dejar que le vean la cara?, no creo, ¿Hasta cuándo Guatemala, hasta cuándo?  Las elecciones de las más altas autoridades judiciales parece ser el tiro de gracia a la impunidad absoluta en el país, sin que el ciudadano, pueda hacer algo al respecto.

LA CULTURA DE LA BURLA DE LA LEY

No hay por donde, en este país no existe una cultura de cumplir o hacer cumplir la ley,  sino todo lo contrario, vivimos una cultura que busca privilegios, es decir una cultura que busca y premia burlarse de la propia ley.   Estamos acostumbrados a buscar, conseguir y amasar privilegios cuasi feudales que nos permiten situarnos por encima de la ley y no someternos a esta.

La ley delimita y somete la voluntad de las personas que viven en sociedad, en otras palabras rige la conducta social.  Según la teoría la ley, todos los ciudadanos son iguales ante ella y esto en Guatemala es un atentado directo al “status quo”, a la cultura del privilegio.  

Santo Tomas De Aquino define la ley como: "Ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por quien cuida a la comunidad". Muy apegado a lo afirmado por  Santo Tomas , la Constitución de la República inicia afirmando que: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.”

El bien común es la cima de la madurez emocional del ser humano y la misma sociedad. Después de tanto conflicto, tanta lucha, tanta adversidad por vivir aislado y ensimismado, el ser humano se dio cuenta que a la larga TODOS nos beneficiamos si  velamos por el bien común. Sí la clase que lidera el país tuviera la madurez y entendiera que si la ciudadanía mejora y se supera, ellos estarán exponencialmente mejor, nuestra historia, la historia de Guatemala seria otra.

¿Qué significa para Guatemala que su ciudadanía viva una cultura de BURLAR la ley? Varias cosas, pero principalmente que como sociedad no hemos madurado emocionalmente. No entendemos que el bien común es lo que al final garantiza mi bienestar y el de mi familia a largo plazo. Es realizar que para alcanzar el bien común se debe crear un sistema donde exista confianza en la justicia y se respete el Estado de Derecho,  en el cual TODOS seamos iguales ante la ley, sin distinción de raza, sexo, religión o condición social.  Lamentablemente en la mente obtusa de muchos, eso no es conveniente.

La clase política se centra y gira alrededor de BURLARSE de la ley. El  político más hábil es aquel que logre burlarse más de la ley y pueda salirse con la suya. Ejemplos sobran, “No mate a uno, mate a dos”, “Soy madre soltera”, “Renuncio a la secretaria general” etc.

Es imposible edificar un Estado de Derecho hasta no madurar emocionalmente como sociedad y decidamos que nuestro egoísmo y nuestra voluntad berrinchuda están mejor supervisada y reguladas por leyes que velen por el bien de todos. Ese egoísmo sin medida es al final la mejor forma de autodestrucción del individuo mismo, ya que limita su desarrollo económico y personal al machucar la dignidad de los demás, para obtener el apego perverso deseado, que lo único que genera es vacío propio y la pobreza de TODOS.

Despertar a esta realidad se vuelve indispensable para que en Guatemala algún día pueda iniciar la construcción un Estado de Derecho que verdaderamente vele por que se cumplan las leyes y en consecuencia se logre el BIEN COMUN.

¿Error o mala fe? de Julio García-Merlos

El domingo pasado “El Periódico” publicó el reportaje “Una tienda duty free rodeada de polémica”. De esta nota destaca la desinformación vertida por el Licenciado  Julio García-Merlos, abogado de “La Riviera”, a quien respeto como persona, pero me veo en la obligación de corregirle la plana, ya que como profesional del derecho, los lectores pudieran asumir que lo manifestado es verdad.

Según “El Periódico”, García-Merlos afirmó: “El Decreto 68-79 ya está derogado. En 1997, el Congreso emitió otro que especifica que ya no están vigentes las exoneraciones a derechos arancelarios a importación conseguidos por cualesquiera leyes o acuerdos”.

El Decreto al que se refiere el letrado es el Decreto 117-97, el cual efectivamente en el artículo 3, primer párrafo, regula: “Artículo 3. Se derogan todas aquellas exoneraciones o exenciones de derechos arancelarios a la importación, concedidas en cualesquiera leyes o acuerdos.” Sin embargo, este olvidó mencionar el segundo párrafo de dicho artículo, el cual establece: “Quedan exceptuadas de la derogatoria anterior, las exoneraciones o exenciones de derechos arancelarios a la importación establecidas en: … 12) El Decreto Número 68-79 del Congreso de la República...”    ¿Error o mala fe?

En otra parte de la entrevista  García-Merlos  indica: “…que las reglas del juego para su representada y para el resto de entidades benéficas quedaron claras en 1999, cuando la SAT emitió la Resolución IA-99.”

Acá, el abogado se refería a la Resolución IA-10-99, en donde pareciera que ni siquiera leyó el numeral primero de dicha Resolución, el cual establece claramente: “PRIMERO. Habilitación. Exclusivamente para los efectos de la presente resolución se habilitan expresamente como Depósitos Fiscales en Puerto Libre, las bodegas o recitos aduanales o fiscales a que se refiere el inciso f) del articulo 3 del Acuerdo Gubernativo número M de F.P. 12-80 de fecha 10 de junio de 1980, con las que actualmente operan las entidades Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul, Sociedad Protectora del Niño y Centro de Integración Familia de Guatemala y sus respectivos Puertos Libres autorizados en el Aeropuerto Internacional.”

A  “La Riviera” no se le puede aplicar esta Resolución de SAT ya que ellos no son un Depósito Fiscal en Puerto Libre; son un Depósito Aduanero, figuras totalmente diferentes e incompatibles según sentencia de la CC que manifestó que “el equipara la calidad de estas tiendas con aquellos depósitos aduaneros constituye una simulación jurídica”

García-Merlos hizo otras afirmaciones que tampoco son verdad.   Alguien me dijo que lo actuado por el letrado es de mala fe. Yo le doy el beneficio de la duda.   Aunque en este caso, el problema real no es la Riviera, sino la actuación de la SAT, la estrategia de los que lo defienden parece haber salido de la mente de Joseph Goebbels, jefe de la propaganda nazi: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá.” ¿Será error o mala fe? Usted decida.

El Directorio NO se le cuadró al General

Es increíble que en muestra de un vestigio de dignidad el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, ante la critica universal, halla o haya decidido dar marcha a tras a la decisión de contratar a una empresa argentina para apoyar la recaudación, la cual cobraría “comisión” sobre lo recaudado. Ahora como consecuencia el Presidente de la República manifiesta que quiere remover al mismo Directorio.

No soy fanático del actual Directorio, creo que podría ser renovado de una forma ordenada y correcta, pero no por lo que hicieron estos días.  También debería ser modificado el proceso de selección de personas técnicas e idóneas para el puesto, promulgando una ley de funcionario público. El no estar de acuerdo con el Presidente por temas de recaudación debería ser una potestad del Directorio. En teoría ellos son los que conocen la legislación y entienden del tema de mejor forma. 

Este gobierno ha creado  su propia tormenta perfecta. Primero pasan una modificación de 14 leyes tributarias de “emergencia nacional”, sin discusión alguna. Leyes mal plateadas y mal estructuradas que contienen un rosario de inconstitucionalidades. Como consecuencia de lo improvisado del proceso no han logrado los resultados esperados. De esto solo ellos tienen la culpa.

Luego año tras año, presentan presupuesto tras presupuesto desfinanciado y desbalanceado. Más que un presupuesto de Estado parece una carta a Papá Noel. Además  han atropellado la autonomía de la SAT, lo cual crea un ambiente propicio para el cáncer de la corrupción. Hoy en día no tiene que se cierto que los gobernantes sean corruptos para que empleados del Estado inescrupulosos decidan  que cobran en nombre de ellos y se dediquen a “apachar clavos” en nombre de ellos.

Si el Presidente quiere mejorar la recaudación, yo le doy la formula para recaudar Q 200 millones ya. Es muy sencillo, exija al Directorio que se cumpla con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que indica que un Deposito Aduanero no puede operar como Tienda Libre y cierre el negocito de La Riviera y cobre todo lo que han dejado de pagar en impuestos, como lo indicó Pavel Centeno en su momento hace un par de años.

El Presidente no deja de tener razón cuando afirmó hoy en Prensa Libre que “Cuando se trata de poner más controles y se van a cobrar más impuestos siempre hay gente que está acostumbrada a no pagar y evadir, y es la que se opone a esto”  Sin embargo hay muchas personas que se escudan en estructuras incrustadas en la SAT y el Estado para precisamente no pagar impuesto también y el aparato del Estado les ayuda a  encubrirlas.

La SAT hoy no es más que una institución que perdió toda credibilidad y su capacidad de recaudar de forma efectiva. La reestructuración de la misma es totalmente necesaria  para lograr la justa recaudación en donde todos pagan lo que corresponde. No hay que olvidar que a mayor percepción de corrupción, la recaudación baja. El Estado simultáneamente tiene que hacer un esfuerzo para transparentar sus  finanzas y actos. ¿Qué es primero el huevo o la gallina?