Discurso de Renuncia Dra. Claudia Escobar

Buenos Días señores y señoras, gracias por estar presentes el día de

hoy.

Decidí dedicar mi vida profesional como juez porque estoy convencida que solo a través de la justicia podemos alcanzar el desarrollo, la libertad y la convivencia en paz que tanto anhelamos los guatemaltecos. Un Juez es la persona que tiene en sus manos la posibilidad de resolver problemas simples que surgen en la convivencia entre vecinos, entre familiares, en el trabajo, así como los problemas serios y delicados entre grandes intereses económicos. A través de su labor, un juez mantiene la paz social y se garantiza la libertad.

Ingresé a la Carrera Judicial, por el sistema de oposición como Juez de Instancia. Actualmente me desempeño como Magistrada de la Corte de Apelaciones y como funcionaría judicial he jurado defender la constitución y las leyes de mi país. De acuerdo a lo que establece el artículo 60 de la Ley de la Carrera Judicial, tengo la obligación de denunciar cualquier inquietud o perturbación en mi independencia. Por lo que en nombre de muchos jueces que por represalias, tienen temor a denunciar, hago del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que las irregularidades que se configuraron en los procesos de selección y elección de magistrados ponen en alto riesgo la independencia judicial de todos los jueces, lo cual como consecuencia:

Afecta nuestra seguridad.

Porque el sistema judicial es vital para combatir la delincuencia que tanto nos oprime como guatemaltecos.

Afecta nuestro bienestar.

Porque solo con jueces independientes y probos podemos combatir la corrupción y poder así construir un Estado que verdaderamente trabaje por la gente buena de este país.

Afecta nuestro futuro.

Y el de nuestro hijos, el de nuestras familias, porque la labor de Organismo Judicial es vital para alcanzar un sociedad que pueda vivir en paz y en libertad.

Reconozco que para vivir en libertad, los juzgadores debemos actuar con transparencia y apegados a la verdad, así podremos recuperar la confianza en la Justicia. Estoy muy orgullosa de ser juez, de la labor que desempeño y de compartir con jueces profesionales que viven los valores de libertad, transparencia y justicia. Jueces que día a día dictan sentencias apegados a su conciencia y respetando la ley, llegando incluso a arriesgar su vida por ello. Son funcionarios judiciales que sirven a la justicia y no se sirven de ella. Algunos de estos jueces fueron nombrados como magistrados y tienen el legítimo derecho de optar a cargos públicos y ser electos.

Sin embargo, los procesos que llevaron a cabo las Comisiones de Postulación, deslegitiman su nombramiento, porque esos procesos están plagados de irregularidades. Algunas de las anomalías han sido denunciadas públicamente por medios de comunicación, otras por los propios candidatos, o por las organizaciones de la sociedad civil y por los ciudadanos; sin embargo todas han sido desoídas.

La principal ilegalidad consiste en que las Comisiones ignoraron el cumplimiento de la Ley de la Carrera Judicial y por lo tanto NO garantizan a los guatemaltecos que los jueces electos gozarán de la independencia mínima e indispensable para impartir justicia.

George Washington, afirmaba que “Cuando la política entra por la puerta de las Cortes, la Justicia sale por la ventana.” El proceso de selección de Magistrados, esta viciado y esto afecta directamente a todos los

guatemaltecos. Es un proceso perverso, que convirtió el nombramiento de funcionarios en un botín político.

Soy Magistrada y he sido electa para un nuevo período de otros cinco años. Pero ante la gravedad de los vicios en el proceso, por el respeto que merece el cargo para el que fui electa y por respeto al pueblo de

Guatemala, después de un largo y doloroso proceso de discernimiento y reflexión renuncio.

Renuncio públicamente al cargo para el que he sido electa, por la única y exclusiva razón que el pueblo de Guatemala tiene el derecho a que sus jueces y magistrados sean TOTALMENTE independientes e

imparciales.

Como dijera Shirin Ebadi, reconocida defensora de la Independencia Judicial y premio Nobel de la Paz:

“Si la ley no existe, la vida de las personas no vale nada.” Por eso hoy hago un llamado de conciencia a mis colegas Jueces; a todos y cada uno de los jueces de la República de Guatemala, a los jueces dignos y honorables: A los jueces de paz que trabajan en condiciones extremas y en horarios agotadores; A los jueces de instancia; a los magistrados de apelaciones que hoy ejercen judicatura; Especialmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; para que no permitan el asalto a la Justicia, que es el pilar en el que se sostiene todo Estado constitucional y democrático de Derecho. NO somos el primer país en que se corre el riesgo de perder la

independencia judicial, pero hoy somos nosotros los funcionarios judiciales, los responsables de exigir el respeto a la Constitución y a los derechos que se refieren a la Independencia Judicial y la división de poderes.

La falta de división de poderes es el primer elemento de una autentica dictadura, por eso pido a todos los ciudadanos guatemaltecos; a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, entre ellos a las universidades del país; a los colegios profesionales; a las diversas cámaras que impulsan el desarrollo y la economía de nuestra nación; a la sociedad organizada, que se pronuncien en contra de la forma en que fueron electos los magistrados de las Cortes.

A la comunidad internacional solicito nos acompañe en estos momentos de crisis institucional que ponen en riesgo nuestra democracia. Especialmente a las asociaciones de jueces iberoamericanos para que nos respaldan y apoyo.

Solicito la intervención del Procurador de los Derechos Humanos y le pido que tome las acciones legales correspondientes, a fin de garantizar el desarrollo de un proceso transparente, en el que se privilegie la elección

de los funcionarios mas idóneos y aptos para el cargo, en consecuencia que se respeten las normas establecidas en la Ley de la Carrera Judicial.

Requiero a la Honorable Corte de Constitucionalidad, que resuelva los recursos pendientes, declarando la nulidad del proceso y ordenando de inmediato una prorroga de los plazos a los funcionarios actualmente en

ejercicio en las Cortes Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Por Guatemala espero que las autoridades actúen como les manda la ley.

El pueblo de Guatemala lo merece y lo exige, por eso los jueces debemos tomar acción y hacer todo lo que este en nuestras manos para evitar que se nos arrebate nuestra independencia judicial.

¿MARCAS COMPLICES?

El día de hoy salí del país a la graduación de mi hijo, quien estudia en el extranjero y a pesar de se padre de familia de dos preciosos niños y trabajar arduamente a tiempo completo, logro ser reconocido por el rector de la universidad por mantener uno de lo mejores promedios de esa casa de estudio, realmente un orgullo para la familia.

Este viaje me obliga a pasar, como todos los usuarios del aeropuerto, frente a las tiendas mal llamadas, en Guatemala, duty free de “La Riviera”. Pero en esta ocasión mi vista se detuvo sobre las marcas son vendidas en contrabando aduanero, sin que muchos se percaten o les importe; y me salto la pregunta ¿Sabrán las prestigiosas marcas que sus productos están siendo ofertados sobre una plataforma comercial ilegal? ¿Serán inconscientes o cómplices de lo que pasa en Aeropuerto de Guatemala?

Estas preguntas saltan como anuncios de neón en mi cerebro. Creo que el detonante fueron las palabras que el Presidente de la Corte de Constitucionalidad  manifestó en una entrevista en un matutino la semana pasada refiriéndose a una sentencia de la CC sobre el proceso de las comisiones de postulación en donde manifestó: “A mí me ha causado sorpresa escuchar y leer aparentes declaraciones… en el sentido de que de esa sentencia solo van a cumplir la literalidad de la parte resolutiva. Digo esto, porque todos los profesionales del Derecho sabemos que una sentencia se debe interpretar en forma integral y que la parte considerativa es la base fundamental de un fallo…”

Eso quiere decir que no estoy loco. Una sentencia de la CC de hace más de dos años indico sobre los Depósitos Aduaneros que operan como Tiendas Libres autorizados por la SAT, ósea los de “La Riviera” que: “En el caso concreto, la disposición emanada por la Superintendencia de Administración Tributaria carece de seguridad y certeza jurídicas, ya que al efectuarse una homologación entre las funciones de las tiendas libres o duty free con las de un depósito aduanero, se pretende exonerar a estos últimos de la afectación del pago de impuestos, lo cual deviene inconstitucional... Estima que la disposición impugnada menoscaba los artículos 5, 152, 154 y 155 constitucionales debido a no se encuentra basada en ley ” continua afirmando “el equiparar la calidad de estas Tiendas Libres con aquellos depósitos aduaneros, constituye una simulación jurídica, cuya finalidad es exonerar de impuesto a Sociedades Anónimas.”

Pero la SAT solo cumplió la literalidad de la parte resolutiva, le cambio el numero a un procedimiento y listo. La Rivera ha podido seguir simulando una operación de Duty Free cuando no hay tales, bajo la complicidad de la SAT.  A esto ni el MP, CICIG o OJ le han querido entrar y esto en grave perjuicio de asociaciones de beneficencia.

Al final la pregunta persiste  ¿Será que las empresas de licores, perfumes, maquillajes, joyas y demás que vende La Riviera no sabrán que sus marcas están siendo comercializadas bajo una plataforma ilegal? Ser participe de este comercio negro puede causar un serio daño a su imagen aquí e internacionalmente.

LA SAT INSULTA AL PDH

La situación actual de país es crítica. Las instituciones que debieran encargarse del “Check and Balance” del que hacer del Estado están bajo asecho.  Cada día están perdiendo relevancia ante el debilitamiento de su autoridad y sus resoluciones o sentencias. Para las altas autoridades de la SAT pareciera que creen que están arriba de la ley, hasta se dan el lujo de ignorar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la cual fue declarada como simulación jurídica, usurpación de funciones y abuso de autoridad por parte de la SAT la autorización del Deposito Aduanero de La Riviera a operar como Tienda Libre.  En respuesta la SAT hizo caso omiso de la sentencia .

Ahora en un tema relacionado en donde el PDH condena a la SAT por violación al Derecho Humano de acceso a la información, en un caso relacionado al anterior, la SAT y sus respectivas autoridades se niegan a identificar lo solicitado de una forma clara y sencilla.

En una resolución del 2008, del entonces Superintendente de Administración Tributaria,  Rudy Villeda, este instruye a la Intendencia de Aduanas para que emita reglamentación interna para que el permita al Deposito Aduanero operar como Tienda Libre. Desde el 11 de marzo del 2011 se  ha solicitado en varias ocasiones a la SAT que identifique dicha reglamentación interna. Al principio, mintiendo descaradamente,  señalaron que la reglamentación interna eran unos procedimientos de aplicación general. Se interpuso un recurso de revisión que fue declarado SIN LUGAR por el propio Rudy Villeda y su secretario.

Después conocimos la verdad por información proporcionada por ex trabajadores de la SAT y a pesar de tener información cruzada que permite identificar claramente cual es la reglamentación interna, la SAT simplemente se ha negado a identificarla.

La razones sobran, esa reglamentación interna contiene tal cantidad de ilegalidades que prácticamente es un cheque en blanco para que se configure un caso típico de Defraudación Aduanera, en donde las más altas autoridades de la SAT son claros autores intelectuales y cómplices de dicha operación.

Sorprende sobre manera que a pesar de la evidencia: dos sentencias claras, una declaración de violación de derechos humanos, aquí la impunidad no tiene limite. Ni el MP, ni la CICIG le entra al caso, a pesar que Iván iba a entrale al contrabando, la corrupción y la impunidad.  A la SAT no hay quien le ponga límites.

Eso hasta que la valiente resolución del  Procurador de lo Derechos Humanos les dijo hasta aquí. Pero la SAT como es su costumbre hace la de los tres monos sabios, cuando lo conviene,  “no miro, no oigo, no hablo”.  Mejor dicho se hace la vil babosa y le responde al PDH como Cantinflas,  cuando se niega a identificar cual es la reglamentación interna a la que ser refiere la Resolución dictada por  Rudy.

Realmente la respuesta de la SAT al PDH no es más que un insulto, sobre una picardía, una sin vergüenzada. Y las preguntas son ¿El PDH se va dejar que le vean la cara?, no creo, ¿Hasta cuándo Guatemala, hasta cuándo?  Las elecciones de las más altas autoridades judiciales parece ser el tiro de gracia a la impunidad absoluta en el país, sin que el ciudadano, pueda hacer algo al respecto.

LA CULTURA DE LA BURLA DE LA LEY

No hay por donde, en este país no existe una cultura de cumplir o hacer cumplir la ley,  sino todo lo contrario, vivimos una cultura que busca privilegios, es decir una cultura que busca y premia burlarse de la propia ley.   Estamos acostumbrados a buscar, conseguir y amasar privilegios cuasi feudales que nos permiten situarnos por encima de la ley y no someternos a esta.

La ley delimita y somete la voluntad de las personas que viven en sociedad, en otras palabras rige la conducta social.  Según la teoría la ley, todos los ciudadanos son iguales ante ella y esto en Guatemala es un atentado directo al “status quo”, a la cultura del privilegio.  

Santo Tomas De Aquino define la ley como: "Ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por quien cuida a la comunidad". Muy apegado a lo afirmado por  Santo Tomas , la Constitución de la República inicia afirmando que: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.”

El bien común es la cima de la madurez emocional del ser humano y la misma sociedad. Después de tanto conflicto, tanta lucha, tanta adversidad por vivir aislado y ensimismado, el ser humano se dio cuenta que a la larga TODOS nos beneficiamos si  velamos por el bien común. Sí la clase que lidera el país tuviera la madurez y entendiera que si la ciudadanía mejora y se supera, ellos estarán exponencialmente mejor, nuestra historia, la historia de Guatemala seria otra.

¿Qué significa para Guatemala que su ciudadanía viva una cultura de BURLAR la ley? Varias cosas, pero principalmente que como sociedad no hemos madurado emocionalmente. No entendemos que el bien común es lo que al final garantiza mi bienestar y el de mi familia a largo plazo. Es realizar que para alcanzar el bien común se debe crear un sistema donde exista confianza en la justicia y se respete el Estado de Derecho,  en el cual TODOS seamos iguales ante la ley, sin distinción de raza, sexo, religión o condición social.  Lamentablemente en la mente obtusa de muchos, eso no es conveniente.

La clase política se centra y gira alrededor de BURLARSE de la ley. El  político más hábil es aquel que logre burlarse más de la ley y pueda salirse con la suya. Ejemplos sobran, “No mate a uno, mate a dos”, “Soy madre soltera”, “Renuncio a la secretaria general” etc.

Es imposible edificar un Estado de Derecho hasta no madurar emocionalmente como sociedad y decidamos que nuestro egoísmo y nuestra voluntad berrinchuda están mejor supervisada y reguladas por leyes que velen por el bien de todos. Ese egoísmo sin medida es al final la mejor forma de autodestrucción del individuo mismo, ya que limita su desarrollo económico y personal al machucar la dignidad de los demás, para obtener el apego perverso deseado, que lo único que genera es vacío propio y la pobreza de TODOS.

Despertar a esta realidad se vuelve indispensable para que en Guatemala algún día pueda iniciar la construcción un Estado de Derecho que verdaderamente vele por que se cumplan las leyes y en consecuencia se logre el BIEN COMUN.

¿Error o mala fe? de Julio García-Merlos

El domingo pasado “El Periódico” publicó el reportaje “Una tienda duty free rodeada de polémica”. De esta nota destaca la desinformación vertida por el Licenciado  Julio García-Merlos, abogado de “La Riviera”, a quien respeto como persona, pero me veo en la obligación de corregirle la plana, ya que como profesional del derecho, los lectores pudieran asumir que lo manifestado es verdad.

Según “El Periódico”, García-Merlos afirmó: “El Decreto 68-79 ya está derogado. En 1997, el Congreso emitió otro que especifica que ya no están vigentes las exoneraciones a derechos arancelarios a importación conseguidos por cualesquiera leyes o acuerdos”.

El Decreto al que se refiere el letrado es el Decreto 117-97, el cual efectivamente en el artículo 3, primer párrafo, regula: “Artículo 3. Se derogan todas aquellas exoneraciones o exenciones de derechos arancelarios a la importación, concedidas en cualesquiera leyes o acuerdos.” Sin embargo, este olvidó mencionar el segundo párrafo de dicho artículo, el cual establece: “Quedan exceptuadas de la derogatoria anterior, las exoneraciones o exenciones de derechos arancelarios a la importación establecidas en: … 12) El Decreto Número 68-79 del Congreso de la República...”    ¿Error o mala fe?

En otra parte de la entrevista  García-Merlos  indica: “…que las reglas del juego para su representada y para el resto de entidades benéficas quedaron claras en 1999, cuando la SAT emitió la Resolución IA-99.”

Acá, el abogado se refería a la Resolución IA-10-99, en donde pareciera que ni siquiera leyó el numeral primero de dicha Resolución, el cual establece claramente: “PRIMERO. Habilitación. Exclusivamente para los efectos de la presente resolución se habilitan expresamente como Depósitos Fiscales en Puerto Libre, las bodegas o recitos aduanales o fiscales a que se refiere el inciso f) del articulo 3 del Acuerdo Gubernativo número M de F.P. 12-80 de fecha 10 de junio de 1980, con las que actualmente operan las entidades Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul, Sociedad Protectora del Niño y Centro de Integración Familia de Guatemala y sus respectivos Puertos Libres autorizados en el Aeropuerto Internacional.”

A  “La Riviera” no se le puede aplicar esta Resolución de SAT ya que ellos no son un Depósito Fiscal en Puerto Libre; son un Depósito Aduanero, figuras totalmente diferentes e incompatibles según sentencia de la CC que manifestó que “el equipara la calidad de estas tiendas con aquellos depósitos aduaneros constituye una simulación jurídica”

García-Merlos hizo otras afirmaciones que tampoco son verdad.   Alguien me dijo que lo actuado por el letrado es de mala fe. Yo le doy el beneficio de la duda.   Aunque en este caso, el problema real no es la Riviera, sino la actuación de la SAT, la estrategia de los que lo defienden parece haber salido de la mente de Joseph Goebbels, jefe de la propaganda nazi: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá.” ¿Será error o mala fe? Usted decida.