El Código Penal literalmente
reza: “PROPAGANDA REELECCIONARIA ARTICULO
382. Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes
a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República, o a
cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de
alternabilidad o a aumentar el término fijado por la Constitución para el
ejercicio de la Presidencia de la República, será sancionado con prisión de dos
a seis años y multa de doscientos a dos mil quetzales.”
La ley es sumamente
clara: Es un delito el discutir la posibilidad de la reelección
del Presidente en funciones o analizar prolongar su período. Sin embargo, sí es posible que se pueda discutir
para próximos períodos.
En nuestra cultura, a las leyes y la Constitución le damos el
valor de papal toilette, no le damos importancia cuando funcionarios públicos
transgreden la ley, ya sea el Presidente
de la República o el funcionario más bajo de gobierno. No se nos
pasa por la cabeza la posibilidad de alguna persecución penal a funcionarios alguno.
La impunidad en este tipos de delitos es del 100%, en consecuencia el clima de impunidad,
ingobernabilidad e insostenibilidad como país y Nación se sigue fomentando.
Hay opiniones que sostienen que esta propuesta no es más que una
cortina de humo del gobierno para distraer a la población y el proceso electoral
que en definitiva ya comenzó. Hay otros que afirman que tienen la intención de
hacerlo. Independientemente de que esto se una cortina de humo o una estrategia
que el gobierno ve viable, discutirlo sigue siendo un delito.
Si realmente estas personas quieren
entablar una discusión seria al respecto de la reelección o prolongar el período
de Pérez Molina, antes de considerarlo, primero lo que procede es modificar el
Código Penal. Si esto no se hace, no se
comete solo un delito de parte del funcionario que discuta la reelección del
actual Presidente, sino un rosario de delitos que pudieran incluir abuso de
autoridad, incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones, omisión de denuncia etc, etc, etc.
Solicito a la nueva Fiscal
General que haga cumplir la ley e investigue las personas que han insinuado
reelegir o prolongar el mandato del General Otto Pérez Molina. Si se establece
que se ha violado el Artículo 382 del Código Penal, se tiene que proceder con
toda la fuerza de la ley para hacer respetar nuestro Código Penal y la Constitución
Política de la República.
Es importante que la Fiscal General cumpla con su mandato y empiece
a romper la cultura de “me vale” la
ley, que “me vale” el delito, que “me vale” la Constitución. Si no llegamos a romper este modo de operara y
pensar estamos condenando a nuestros hijos la esclavitud y pobreza. El imperio
de ley seguirá siendo substituido por la ley del más fuerte y nadie más que un
grupúsculo de personas, podrá gozar de libertad y recursos.
En Guatemala ya somos esclavos del miedo y el terror. Los
asesinatos, las violaciones, la violencia que impera en el país es resultado de
que no hay consecuencias al violar las leyes vigente. ¿Hasta cuándo Guatemala?
¿Hasta cuándo?