Columna: Picando Piedra
Titulo: La SATanización de la entidades del Estado
Autor: Eugenio R. Fernández
Correo: picandopiedragt@gmail.com
Durante años he observado cómo la SAT va ganando terreno
dentro de las diferentes entidades del Estado que se ven influenciadas, más
allá de lo razonable, por la opiniones obtusas y sesgadas de la SAT. La primera
señal la vi en el 2009, cuando asesoré la clasificación al régimen 29-89 a una
empresa extranjera que repara maquinas de toda Centroamérica y el Caribe que
estuvo a punto de irse del país y mudarse a Panamá por el ambiente tributario
del país. Me topé con un asesor de MINECO que temía a la oposición de la SAT por dicha clasificación,
como si la SAT tuviera vela en este entierro.
Es el Ministerio de Economía es quien decide si corresponde o no la
clasificación. ¿Qué tiene que ver la SAT?
Colegas y amigos se quejan de la influencia de la SAT en el
Registro Mercantil y Registro de la Propiedad. La SAT trata de injerir y
meterse donde no ha sido llamada y se extralimita en sus funciones como ente
recaudador.
Pero el cambio más drástico que ha tenido la SAT en los
últimos años ha sido la penalización de infracciones tributarias con el fin de
aterrorizar al contribuyente. En su deseo de expandir su influencia ha tratado
de convertir al Ministerio Público en una extensión de la Intendencia de
Asuntos Jurídicos de la SAT.
El autor o promotor de esta estrategia es nada más y nada menos
que el Lic. Ángel Menéndez, que de ángel no tiene ni un pelo. Gracias a Dios se
ha topado con buenas agentes fiscales que le han podido hacer frente, en cierta
medida, a esta estrategia de la SAT.
El problema es serio: Menéndez fue Intendente de Asuntos
Jurídicos de la SAT en tiempo del Lic. Rudy Villeda, quien fue denunciado
penalmente por su participación en la autorización para que un Depósito
Aduanero Privado opere como Tienda Libre en el Aeropuerto. El Lic. Menéndez ha
tratado en el pasado de encubrir este hecho, al negarse a proporcionarnos
información correcta relacionada con este hecho por medio de requerimientos
basados en la Ley de Libre Acceso a la Información, lo cual es un delito.
La SAT desde la gestión de Menéndez ha buscado la persecución
penal de empresas que, sorprendidas en su buena fe, han sido encontradas con
errores tributarios. Estas tienen toda la documentación para probar que ellos
no han cometido ningún delito. La SAT sin más ni más presenta denuncias penales
para que el contribuyente no solo sufra un stress emocional significativo, si
no que sufra el costo económico que representa limpiar su nombre, que en estos
procesos es elevado. El fin es uno: implantar el terrorismo fiscal.
Ahora resulta que el Lic. Menéndez es nuevamente nombrado,
desde la semana pasada, para ocupar otra vez el puesto de Intendente de Asuntos
Jurídicos. No se puede promover la penalización de cualquier error que
individuos en buena fe cometen, con tal de llegar a las metas de recaudación.
Además es obvio que este señor no trabaja parejo al encubrir a empresas que sí
defraudan al fisco y encausar a otras en las que existen dudas razonables al
respecto.
Este hecho no debería pasar desapercibido en las Cámaras de
Comercio e Industria. No deberíamos de re nombrar a personas que se prestan a
proteger negocios dudosos y que se sabe no son capaces de cumplir con sus
obligaciones y juegan con las vidas y negocios de los contribuyentes.
Ahora
las dudas que me surgen es saber cuál es el papel del Ministro de Finanzas en
todo este juego. ¿Qué terreno están preparando para el nuevo Superintendente?
Él ha manifestado abiertamente que el tema del aeropuerto es un negocio que se
debe cerrar y ahora permite que se
nombre a el mismo intendente de asuntos jurídicos que ya permitió y encubrió el
hecho al no dar información relacionada a esta ¿Dónde está parado Señor
Ministro?
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