Los lectores que siguen esta columna, saben perfectamente
que hemos promovido búsqueda de la
Justicia y el imperio de la ley, a través
de las acciones y denuncias presentadas por la autorización ilegal otorgada por
la SAT a la entidad Tiendas Libres de Guatemala S.A., en la que se permite
operar a un Deposito Aduanero como tienda libre de impuestos.
Sabrán también que la Corte de Constitucionalidad, el 30 de
julio del 2012, publicó una sentencia en la que indicaba que la SAT había
violado la Constitución, usurpado funciones del Congreso, realizado simulación
jurídica, etc. al autorizar al Deposito Aduanero a operar como Tienda Libre.
El Juzgado Decimo de Primera Instancia Civil, Constituido en
Tribunal de Amparo, resolvió recientemente otorgar Amparo a favor del Centro de Integración
Familiar (CIF) en contra de la Tiendas Libres de Guatemala S. A. (“La Riviera”)
por tanto deberá cesar las operaciones
que realiza como Tienda Libre en los recintos autorizados como depósitos
aduaneros en el Aeropuerto La Aurora. El Juez manifestó que “la entidad Tiendas
Libres de Guatemala, Sociedad Anónima, fue autorizada a operar como deposito
aduanero, cuyas funciones nada tienen que ver con las funciones de una tienda
libre. De esa cuenta mantener en funcionamiento a la entidad Tiendas Libres de
Guatemala S.A. atenta contra la seguridad jurídica de la amparista”.
Deseo reconocer al Juez Decimo por resolver conforme a
derecho y amparar al CIF. Son muchos los
funcionarios que saben de la ilegalidad de como opera La Riviera, pero muy
pocos los que han atrevido hacer algo al respecto.
Es indudable que los dueños de La Riviera, verdaderos
piratas disfrazados de empresarios, han contado con eficientes padrinos vende
patrias en el país. Competir ilegalmente durante 5 años con asociaciones de
beneficencia, que han dedicado más de 150 años a atender a la gente más
necesitada, como las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul, que están a punto de cesar servicios, por
falta de fondos, a consecuencia de esta
ilegalidad, es una vileza. Esto hecho no debe quedar impune.
Ahora le falta a la Cámara Civil de la Corte Suprema de
Justicia, dictar sentencia referente a
la nulidad de pleno derecho del contrato de arrendamiento entre la DGAC y La
Riviera. Adicionalmente la Corte de Constitucionalidad tiene en sus
manos cuatro apelaciones respecto a la legalidad de la autorización que otorgó
la SAT a La Riviera. La PDH tiene pendiente la certificación de lo conducente
en contra de la SAT por negar el derecho humano de acceso a la información
relacionado con este caso y ante el Ministerio Público se presentó una querella en
contra de La Riviera y siete denuncias penales contra funcionarios de la SAT.
Señores Magistrados, Fiscales y funcionarios cumplan con su
mandato resolviendo conforme a derecho. A propósito de cuaresma, alguna vez se
han preguntado ¿Qué hubiera hecho usted de haber sido Poncio Pilatos? Con este caso pueden dar respuesta a la
pregunta.
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